Como sin duda la mayoría sabréis, en el momento de publicar este post en España estamos inmersos en plena campaña electoral [note el tono irónico quien lea esto desde cualquier lugar de España]. De ahí que haya caído en la tentación de revisar (confieso que sin fe) los programas electorales de algunas formaciones políticas en busca de sus propuestas en materia de bibliotecas. Y éste es el fruto de esa indagación. Si alguien busca en las palabras que siguen alguna guía o criterio que trate de orientar su voto en la próxima jornada electoral, desde ahora mismo le animo a que desista de continuar leyendo. Porque mi propósito es otro bien distinto y, desde luego, más humilde: compartir una reflexión en torno a la importancia que quienes pretenden representarnos conceden al papel de las bibliotecas en la vertebración y consolidación social. Para ello me voy a limitar a señalar aquellas menciones de interés que he encontrado en los programas electorales de algunas candidaturas (en concreto, cuatro de organizaciones parlamentarias y otra de un partido extraparlamentario), pero me abstendré de mencionar su color o tendencia. Seguro que la perspicacia del lector le permitirá identificar la autoría, pero —insisto— trataré de no distraer su atención con ese juego.
He de confesar que lo que primero me ha sorprendido ha sido la escasa variedad de fórmulas empleadas para colgar el programa electoral en la Red. Todas las candidaturas analizadas han optado por lo más simple y, según mi modo de ver las cosas, efectivo: permitir sin más la descarga de un fichero en formato pdf para que el e-lector (concédaseme el juego de palabras) tenga en sus manos la oferta (y supuesto compromiso) de la formación política en cuestión para la próxima legislatura. Sin embargo, no en todos los casos ese fichero es fácilmente localizable, acaso porque en el diseño de las webs hayan primado otros criterios más publicísticos que informativos.
Algunas propuestas electorales
Por lo que se refiere a los contenidos, lo cierto es que por lo general las alusiones concretas a las infraestructuras y servicios bibliotecarios no parecen ir más allá del cumplimiento de un requisito formal, con menciones un tanto genéricas: que si haremos del acceso a las bibliotecas uno de los motores de la sociedad, que si consensuaremos con las Comunidades Autónomas la incorporación de nuevos municipios de gran tamaño al Plan de construcción de bibliotecas, que si desarrollaremos una red de bibliotecas públicas… En cambio, las alusiones a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación resultan (siempre dentro de la tradicional vaguedad electoral) un tanto más llamativas, sin duda porque los comités electorales se han percatado del interés social que éstas despiertan, aunque acaso fuese mejor que quienes aspiran a gobernar lo hicieran por el verdadero potencial que las TIC suponen para el desarrollo (en el más amplio sentido del término). Las principales formaciones han optado por ofrecer un perfil más economicista de este asunto, presentando las TIC como elementos clave para el desarrollo empresarial y la creación de puestos de trabajo y comprometiéndose a impulsar su incorporación en la administración de los servicios públicos. Afortunadamente, parece que es general la percepción de que aún es preciso salvar muchos escollos, de manera que unos hablan de eliminar las trabas artificiales que han contenido el crecimiento de las redes y otros hablan de alfabetización digital y potenciación del papel social de Internet.
Sorprendentemente, cuanto menores son las posibilidades de asumir protagonismo político durante la próxima legislatura mayor es la concreción en las propuestas electorales. Quizá se deba a que estas organizaciones tienen menos riesgo de verse “obligadas” a cumplir su compromiso, pero es verdad que en algunas de éstas se observa una pormenorización técnica que tal vez denote la intervención de profesionales en su redacción. Así, se habla de estándares basados en las directrices IFLA/UNESCO, Declaración de Washington en Propiedad Intelectual e Interés Público, distribución de contenidos, uso de licencias libres y formatos abiertos, streaming, redes P2P… También es verdad que resulta fácil encontrar algunos “brindis al sol”, especialmente en lo relativo a difusión de fondos digitalizados; pero en todos los casos revisados se plantea el rediseño de la gestión de la propiedad intelectual para su adaptación a la nueva era en que nos encontramos, cuando parece aún más necesario armonizar los derechos e intereses de creadores y usuarios. Lógicamente, las medidas concretas varían según el programa de que se trate: revisión del canon digital o directamente su eliminación, fiscalidad especial, retribución por uso, pago por consumo…
En cambio, hay otro aspecto que nos debe preocupar. Y es que sólo he encontrado una mención a la aplicación del tipo del 4% en el IVA de los libros electrónicos.
Los políticos más cercanos
Pero, al margen de lo que establezcan los programas electorales para estos comicios generales, las bibliotecas públicas están asentadas en una realidad mucho más cercana: la de nuestra propia localidad, cuya administración suele depender en gran medida de la voluntad política de unos ediles que —pese a haber sido elegidos bajo la marca de un partido— desarrollan su labor un tanto al margen de las grandes directrices diseñadas por los máximos órganos de las formaciones políticas. De ahí que nos interese tener conciencia de la importancia real que nuestros concejales y alcaldes conceden a los servicios bibliotecarios.
Hace ya algún tiempo, el director de una biblioteca municipal —que había sido construida con la colaboración de la administración autonómica e inaugurada poco tiempo atrás— recibió una llamada airada de su Alcalde porque pretendía gastar dinero en la adquisición de fondos bibliográficos. “¿Se cree que está en la Biblioteca Nacional?” fueron —más o menos— las palabras con las que el edil trató de subrayar su estado de ánimo ante el empeño del profesional en dotar la biblioteca de los materiales necesarios para que la inversión realizada al crear la biblioteca no degenerase en una simple dotación urbanística, sin contenidos ni servicios adecuados. Obviamente, con tal reproche el político en cuestión demostró su supina ignorancia en torno a los procedimientos de incorporación de fondos bibliográficos a la colección de la Biblioteca Nacional y, lo que es más grave, su interés por el servicio bibliotecario que debía ofrecerse a sus vecinos quedó debidamente retratado.
Una anécdota como ésta debería llevarnos a plantearnos hasta qué punto los ediles de nuestras ciudades y pueblos conocen lo que debe ser y ofrecer una biblioteca pública. Es más, ¿cuántos de ellos son usuarios de la biblioteca de su localidad? Para intentar obtener una aproximación a esa realidad, invito a los bibliotecarios que desempeñáis vuestras labores en bibliotecas municipales españolas a que contéis cuántos de los concejales que actualmente conforman la Corporación Municipal tienen carné de vuestra biblioteca (si estáis integrados en una Red, no importa que el carné se lo hayan gestionado en otra biblioteca de la misma Red) y cumplimentéis este pequeño formulario. Cuando hayamos podido reunir un volumen de respuestas significativo, volveremos a tratar este asunto a la luz de los datos obtenidos. En ningún caso se hará mención expresa de localidades o bibliotecas concretas y, como podréis ver en el formulario, no pregunto por el color político de los concejales. Únicamente interesan los datos cuantitativos (cuántos concejales, en poblaciones, de qué tamaño) para contar con un elemento de juicio más con el que poder valorar el interés de nuestra clase política por los servicios bibliotecarios. Es verdad que no será una muestra estadística perfecta, pero tampoco pretende serlo, sino un simple elemento de reflexión.
¿Cuántos concejales de tu pueblo o ciudad tienen carné de la biblioteca municipal?
