El valor social de la biblioteca pública

La conjunción en un mismo concepto de los términos «biblioteca» y «pública» da lugar a un servicio que conjuga lo cultural con lo social, sin embargo, el carácter milenario del primero suele oscurecer la relevancia del segundo, pero no por ello menos decisivo ni en su naturaleza ni en su función.

La construcción y el armazón del valor social de la biblioteca pública no siempre ha sido el mismo, sino que su actual visión corresponde a una larga evolución que se origina en el propio nacimiento de la biblioteca pública moderna allá por el S.XIX.

Efectivamente, la esencia de la biblioteca pública tal como hoy la concebimos surge en el mundo anglosajón de la mano de los magnates de la revolución industrial como instrumento para facilitar la progresión social del proletariado. La filantropía de aquellos próceres velaba por la mejora del nivel de vida de los trabajadores por medio de la biblioteca como instrumento de intermediación ante el conocimiento y la cultura.

Empezando por el principio, debemos concretar a qué nos referimos cuando hablamos del valor social de la biblioteca pública, puesto que está constituido por una suma de valores, de gran relevancia ya por separado, que es preciso desgranar para su perfecta comprensión y alcance.

  • La biblioteca tiene un valor democrático intrínseco, en cuanto a su forma de funcionamiento, donde la libertad y la igualdad son premisas imprescindibles a la hora de recibir a sus usuarios y de servir a sus necesidades, sin menosprecio de personas, ideas ni contenidos; pero también tiene valor democrático extrínsecodado que ayuda al fortalecimiento de las democracias dispensando sin cortapisas un saber plural, imprescindible para el librepensamiento, fomentando así el espíritu crítico y el compromiso con la comunidad entre la ciudadanía.
  • Es claro, por tanto, que la igualdad es otro factor que no ha de faltar, tanto para el trato de la cualidad de los conocimientos como de las personas interesadas en ellos.
  • En esta línea, y en relación con los inicios ya citados, el valor educativo de la biblioteca es consustancial a su existencia, favoreciendo la educación formal e informal, la alfabetización, el aprendizaje a lo largo de la vida, y las competencias digitales en su amplio espectro.
  • La defensa y difusión del patrimonio es otro punto fuerte de la biblioteca, de la tradición, de la creación artística y de todo aquello que construye la identidad de la comunidad y favorece la comprensión de las identidades ajenas y su relación con ellas.
  • La inclusión tampoco falta, especialmente para las personas con diferencias, deficiencias y carencias del tipo que sean (culturales, económicas, sociales, de libertad, de salud…)
  • En consecuencia, la biblioteca crea comunidad puesto que se constituye en un lugar seguro, de participación y encuentro, donde la sociedad pueda desarrollarse en libertad y en torno al conocimiento.
  • Y por supuesto la paz, la mejora del nivel de vida y del estado mental y emocional, son consecuencias de todo lo anterior, y al tiempo, logros imprescindibles para que pueda desarrollarse plenamente.

Yendo de lo general a lo particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) incluye este valor social en su artículo 27, en el que convierte en derecho el acceso libre a la cultura, la ciencia y el arte (1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.) La biblioteca pública es el servicio mejor dotado, diseñado y dispuesto para ello.

Por su parte, las distintas ediciones del Manifiesto sobre la Biblioteca Pública IFLA/UNESCO siempre han tenido en cuenta su valor social como algo esencial a su ser. Las cuatro ediciones del Manifiesto (1949, 1972, 1994 y 2022), aunque cada una mediatizada por el distinto contexto histórico de su tiempo, coinciden plenamente en el papel esencial de la biblioteca pública en favor del desarrollo de las personas y de las comunidades.

La primera edición, 1949, surge cuando el humo de la II Guerra Mundial sigue en el aire y en las mentes, con lo que una de sus principales preocupaciones es conservar la paz, y en ello la biblioteca adquiere un papel principal al hacer partícipe a toda la población de los logros humanos, tanto espirituales como materiales, y el conocimiento mutuo entre los pueblos.

La segunda edición, 1972, está directamente influida por las corrientes sesenteras en pro de la democratización de la cultura, concretando grupos sociales e incorporando a los desfavorecidos como tales, lejos ya de las menciones generalistas de la primera edición. La biblioteca se constituye ya como un instrumento garante de derechos, como el de información y opinión.

La tercera edición, 1994, recoge los elementos propiamente democráticos como la biblioteca en beneficio del pensamiento crítico de una ciudadanía autónoma y comprometida.

Por último, la cuarta edición, 2022, reproduce las corrientes sociales, políticas y de pensamiento del momento, en torno a la biblioteca, hacia el desarrollo sostenible, la participación ciudadana, la educación digital, la creación e intercambio de conocimiento y la creación y fortalecimiento comunitarios.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre la Función Social del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, publica en 2014 el Decálogo de la Biblioteca Social, que recoge todos los puntos del Manifiesto IFLA/UNESCO anteriores, incluida la necesidad de establecer alianzas con los agentes, entidades y asociaciones de la comunidad a la que la biblioteca sirve, como una hoja de ruta para las bibliotecas.

En el mismo sentido abogan las Pautas para Bibliotecas Rurales de Pequeño Tamaño, elaboradas en 2025 por el Grupo de Trabajo para el Plan de Especial Atención al Medio Rural del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, pero en este caso para un medio más desfavorecido, donde las bibliotecas suelen ser unipersonales, con una fuerte profusión de bibliotecas móviles, y de recursos bastante limitados, si bien, extremadamente cercanas a la población que atienden, y a su propia realidad, con una atención directa sobre la mejora de la salud mental, el combate de la soledad no deseada y la defensa de la sostenibilidad ambiental.

A pesar de contar con documentos tan completos como los analizaos hasta aquí, la profesión bibliotecaria no ha dejado de detenerse en determinados aspectos que, según los años, ha ido destacando sobre todos los demás a la hora de justificar el valor social de la biblioteca.

En este sentido, entre 2013 y 2015 hubo un especial interés en reconocer el valor económico de la biblioteca. La estrategia consistía en bajar al lenguaje de los economistas para callar todas aquellas bocas que no le daban valor económico a la biblioteca, defendiendo que ésta no suponía un gasto, sino que realmente constituía una inversión, y muy productiva, según los cálculos efectuados en torno al retorno de la inversión (ROI). La Red de Bibliotecas de Navarra, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la propia FESABID, realizaron sendos estudios en esta dirección, entre otros ejemplos nacionales e internacionales. Si bien, autoras como Assumpta Bailac defienden hablar mejor del «retorno social» más que del retorno económico.

Otro momento fue el comprendido entre 2016 y 2019, donde se consolida el concepto de «Biblioteca Social», y se alinea su desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este período las bibliotecas se suman a la Agenda 2030 como instrumentos eficientes en la lucha contra la pobreza, el hambre, la desinformación, la desigualdad o la destrucción medioambiental.

Por último, entre 2021 y 2024, tras el abuso de los procedimientos digitales en la pandemia, se vuelve la mirada al valor de la biblioteca como espacio físico, seguro y agradable, especialmente dotado para el desarrollo comunitario, para la interrelación personal y para combatir lacras como la soledad no deseada, la enfermedad mental y la exclusión de grupos específicos.

Actualmente se continúa con todo ello, con especial incidencia en la formación de una ciudadanía digital con igualdad de oportunidades en su acceso, en la capacitación en su uso, y en la formación para la distinción de contenidos fiables.

Que la biblioteca pública no puede considerarse sin su función social es una realidad incuestionable, y como tal ha de estar gestionada por los poderes públicos, los únicos que, por definición, se encargan de garantizar derechos fundamentales, como la propia biblioteca tiene entre sus cometidos.

Lástima que, a pesar de todo ello, la biblioteca pública en España en general no siempre ha participado de esta visión, lo que ha motivado una pobreza tradicional presupuestaria y estructural, o el que se haya visto relegada de proyectos nacionales y regionales donde tendría que haber sido llamada por su propia naturaleza (recordemos las campañas de alfabetización digital o las leyes en contra de la despoblación…), tendencia que todavía hoy se continúa sin reparos en muchas administraciones públicas de nuestro país, desaprovechando un recurso esencial, sostenible y democrático, básico para el desarrollo de la ciudadanía, especialmente en las zonas más vulnerables y desfavorecidas.

 

Roberto Soto

Colaborador en Biblogtecarios. Jefe de Bibliotecas en la Diputación de León y Presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles de España (ACLEBIM). Convencido de la Biblioteca Pública e incondicional de los Bibliobuses.

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