El patrimonio de un país no es un bien al que echar mano en momentos económicos críticos y, menos aún, en nuestro caso, el bibliográfico. Se protege, preserva y difunde; no se embarga, se respeta.
Volvemos combativos después del parón veraniego para poner el foco en un tema que ha pasado desapercibido para la sociedad en general y, sorprendentemente, para el mundo bibliotecario en particular: la situación que están viviendo algunas bibliotecas y profesionales de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes, entre otros, como consecuencia de las resoluciones judiciales de embargos preventivos sobre determinados bienes extranjeros del Estado español.
Que las consecuencias económicas de decisiones políticas adoptadas bajo gobiernos de distinto signo hayan terminado afectando al patrimonio cultural y bibliográfico de un país por embargos llevados a cabo por tribunales extranjeros, debería ser motivo de preocupación para todos. Y más aún cuando entre esos bienes se encuentran instituciones que se encargan de difundir nuestra cultura y lengua, como las sedes del Instituto Cervantes.
No estamos únicamente ante un problema financiero o jurídico. Estamos ante una situación que debería hacernos reflexionar sobre la decadencia moral e institucional que vive un país. Porque una biblioteca no es un simple activo susceptible de convertirse en garantía frente una deuda: forman parte de la memoria, cultura y proyección de un país.
No es una nimiedad. Hablamos de bibliotecas, colecciones bibliográficas y espacios destinados a la difusión de la cultura española en el exterior. Y lo ocurrido plantea una pregunta que debería preocuparnos como profesionales: ¿hasta qué punto está protegido nuestro patrimonio cuando entra en conflicto con las obligaciones económicas del Estado? ¿Y el bibliográfico? No está relacionado, pero recordemos que hace pocas semanas robaron el tesoro de Villena, y todavía no ha habido ninguna explicación sobre cómo fue el robo, por qué pasó; ninguna compareciencia, nada; solamente, silencio. Eso, personalmente, me preocupa. ¿Acaso el patrimonio cultural no es importante? Sabemos por los medios que hay una comisión de investigación, pero nada más.
Para entender la situación actual, es importante retrotraerse hasta 2007:
Contexto (2007-2018): el inicio del problema
Con la intención de atraer capital extranjero, en 2007 se aprobaron una serie de decretos para incentivar la inversión extranjera en energías renovables prometiendo una rentabilidad fija. Ante esas facilidades y como medida de apertura al mercado internacional, España recibió una avalancha de fondos de inversión internacionales. Sin embargo, con la crisis del 2010-2013, los gobiernos del PSOE primero y PP después recortaron estas primas con carácter retroactivo, provocando pérdidas millonarias a las empresas inversoras. Ante esta situación, entre el 2010 y el 2018, éstas demandaron al Estado español ante organismos internacionales como el CIADI (dependiente del Banco Mundial). Fondos e inversores procedentes de países como Japón, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos o Australia son un claro ejemplo de la magnitud de la tragedia que, a día de hoy, continúa abierto.
Situación actual: evolución y resolución
Entre 2017 y 2022 empezaron a notificarse y darse a conocer las resoluciones de los tribunales internacionales, condenando a España a pagar más de 1700 millones de euros más sus intereses. Aunque en Infobae se desglosa mejor el agujero financiero total que España debía a finales del 2025; la deuda total asciende a 2.292 millones de euros (sumando los intereses de demora y costas judiciales).
Ante la negativa del Estado español a abonar esta cuantía escudándose en la normativa europea, a partir del 2023 se llevaron a cabo embargos preventivos de ciertos activos y bienes internacionales españoles, como son: embajadas y sus cuentas, así como las bibliotecas del Instituto Cervantes de Londres, y el Instituto Español Vicente Cañada Blanch.
Desde el 19 de marzo de este año, un tribunal neerlandés autorizó el embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes ubicada en Utrecht. Aunque la resolución no es definitiva puesto que España ha recurrido, el asunto se encuentra en plena batalla judicial. Así que, con el inicio del curso, lo más probable es que tengamos más novedades al respecto.
¡Seguiremos informando!
Gracias por leernos y un abrazo enorme al personal bibliotecario y PAS de las bibliotecas afectadas.
