Estadísticas de bibliotecas públicas en España, necesidad de un paso más. El ejemplo ilustrativo de Gran Canaria

Son innegables los esfuerzos del Ministerio de Cultura y Deporte de España, en los últimos años, en el campo de las estadísticas sobre bibliotecas públicas, sólo hay que visitar su web Bibliotecas Públicas en Cifras para comprobarlo. Lo mismo podemos decir del Instituto Nacional de Estadística, que cada dos años se acerca a las bibliotecas para recoger su realidad.

La unificación de conceptos para todo el país desde el Ministerio de Cultura y Deporte,  y el uso de una misma plataforma de entrada de datos, Alzira, han sido dos hitos fundamentales, que están permitiendo una presentación de los datos abierta, transparente, estructurada, fácil de entender, flexible de usar y muy completa en su alcance, donde los servicios móviles están también presentes, combinados con los fijos y formando sección propia, y donde asimismo se tiene en cuenta a la población sin servicios bibliotecarios.

Mandatos constitucionales como el que todos los españoles somos iguales ante la ley, y de que el acceso a la cultura[1] es un derecho fundamental tutelado y promovido por los poderes públicos[2], u otros de carácter internacional como La Declaración Universal de Derechos Humanos[3], El Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública[4], o la Declaración de Lyon[5], entre otras, nos obligan a fijar como uno de los objetivos esenciales de los sistemas bibliotecarios la extensión de sus prestaciones al 100 % de la población.

Es por eso que la aproximación estadística a la realidad bibliotecaria es más necesaria, si cabe, dado que se precisa puntualizar al máximo cuántos ciudadanos no disponen de ninguna biblioteca o punto de servicio a su alcance, con el fin de poder planificar las actuaciones precisas y los recursos pertinentes para acabar con estas carencias que atentan contra la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Cultura y Deporte, relativos a 2016, en España aún están a la espera de recibir servicios bibliotecarios 1.479.057 habitantes; son en su mayoría víctimas de haber localizado su residencia en zonas rurales, para los que la creación de prestaciones bibliotecarias no ha sido considerada oportuna, sostenible… o ni siquiera ha sido considerada, convirtiéndolos de facto en ciudadanos de segunda o de tercera.

Se precisa puntualizar al máximo cuántos ciudadanos no disponen de ninguna biblioteca o punto de servicio a su alcance, con el fin de poder planificar las actuaciones precisas y los recursos pertinentes para acabar con estas carencias que atentan contra la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, la situación es todavía más preocupante si tenemos en cuenta que ese casi millón y medio de españoles sin biblioteca pública es muy posible que suponga una cifra pequeña con relación al volumen real del problema, puesto que el método estadístico utilizado solamente llega hasta los municipios como entidades finales en el cómputo, sin descender a la particularidades de las unidades inferiores de población que los pueden formar, tales como “…caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos…” recogidos en la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.[6]

Un claro ejemplo nos facilitará la compresión de la magnitud del problema: Según las estadísticas oficiales actualmente vigentes, un municipio con una biblioteca pública de su titularidad estaría plenamente atendido; no obstante, si pensamos que la población de dicho municipio se distribuye entre un núcleo principal (donde se encuentra la Biblioteca) y nueve pedanías separadas por varios Kms. del núcleo principal y entre sí, el verdadero servicio bibliotecario quedaría restringido a ese núcleo central en detrimento de las pedanías. Éste es el caso de Santa Brígida (Gran Canaria), aunque podría ser el de otras muchas poblaciones, con 18.295 habitantes censados, de los que 3.239 viven en el núcleo central, y los 15.056 restantes residen en sus nueve pedanías, todos ellos palmariamente ajenos a cualquier servicio bibliotecario.

Conseguir en un post de estas característica un cálculo completo de la auténtica realidad bibliotecaria del país está fuera de lugar, sin embargo, sí estamos en condiciones de aportar datos de una unidad sensiblemente más pequeña, pero no por eso menos representativa del panorama nacional, para lo que aprovecharemos el Estudio sobre la viabilidad de un servicio de biblioguagua en la isla de Gran Canaria, que presentamos en diciembre pasado.

Dado que, como venimos viendo, con las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte no podemos descender a la unidades menores de residencia del municipio, tomamos sus cifras como punto de partida para cruzarlas con los datos del Padrón por Unidad de Población, del Instituto Nacional de Estadística, en concreto del Nomenclátor[7].

A partir de ahí, elaboramos un acercamiento al mapa de lectura de Gran Canaria, hasta ahora inexistente, para fijar geográficamente, utilizando distintas fuentes, los puntos de servicio bibliotecario existentes en sus localizaciones territoriales precisas.

Según las estadísticas oficiales, en toda la provincia de Las Palmas, la población sin servicio bibliotecario ascendería a 16.257 personas, mientras que, integrando la situación real de las pedanías, sólo en una parte de esa provincia, la isla de Gran Canaria, 301.308 habitantes estarían privados de las prestaciones de propias de la biblioteca pública, es decir, nada menos que un 35,76 % de la población total, en números absolutos, 365 pedanías.

Con estas cifras está más que justificada la viabilidad en el establecimiento de un servicio de biblioguagua, si bien, atendiendo a las ratios del Ministerio de Cultura, serían necesarias veinte para atender a toda la población actualmente sin servicio… pero eso ya es otra historia. [8]

No nos duelen prendas en reconocer la ardua labor de grandes profesionales, que, en Madrid y las comunidades autónomas, trabajan duro cada día para que podamos tener una visión estadística de nuestra realidad bibliotecaria, si bien, precisarían de mayores equipos y mejores medios para conseguir acercarnos todavía más a las carencias de esa España cada vez más olvidada, para la que la despoblación es uno de sus principales problemas.

 

[1] Constitución Española, 1978. Art. 14. En: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf

[2] Constitución Española, 1978. Art. 44.1. En: https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf

[3] ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 27. En: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

[4] UNESCO. Manifiesto de la sobre la Biblioteca Pública, 1994. Preámbulo. En: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

[5] IFLA. Declaración de Lyon, 2014. Punto 6. En: https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf

[6]Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Art. 24 bis. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392

[7]Instituto Naciaonal de Estadistica. Nomenclátor.  https://www.ine.es/nomen2/index.do

[8] El servicio de Bibliobús. Pautas básicas para su funcionamiento, 2002. En ellas se fijan los 15.000 habitantes como el máximo de población que ha de atender una biblioteca móvil. http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/371/1/PautasFilmBibl.pdf

Roberto Soto

Colaborador en Biblogtecarios. Jefe de Bibliotecas en la Diputación de León y Presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles de España (ACLEBIM). Convencido de la Biblioteca Pública e incondicional de los Bibliobuses.

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