Ayer, 26 de septiembre, se firmaron en Cartagena de Indias los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, como fin a más de 50 años de guerra. Esta contienda ha provocado más de siete millones y medio de víctimas de desplazamientos, desapariciones, secuestros, asesinatos, reclutamientos indebidos y todo tipo de violaciones de los derechos humanos, una auténtica tragedia de la que la población civil ha sido la más perjudicada con diferencia, especialmente la ubicada en el medio rural.
Ahora el reto al que se enfrenta Colombia es ingente, pues no se trata sólo de reconstruir las zonas más afectadas por la guerra, sino más bien de construir casi de cero la mayor parte de ellas, ya que más de medio siglo de conflicto ha tenido como consecuencia directa en estos territorios la nula intervención de los poderes públicos con políticas de desarrollo, ni tan siquiera sobre los servicios más básicos.
Como la mayor parte de las guerras, también ésta se ha cebado en los sectores más vulnerables de la población, especialmente en el campesinado y su medio (30% de la población colombiana), sobre los que ya existe la conciencia nacional de estar en deuda histórica con ellos, que debería saldarse con la dotación de todo tipo de medios, infraestructuras y servicios, mediante los que se facilitara su inclusión en la sociedad colombiana con los mismos derechos que el resto de sus miembros.
Si hablamos de inclusión, de fortalecimientos de la conciencia comunitaria, de la formación de ciudadanos activos, estamos hablando de biblioteca pública. La biblioteca, pues, es un agente especialmente llamado a intervenir en este proceso como centro social de primer orden, dinamizador de la colectividad, garante de la democracia activa, defensor del respeto, impulsor de la participación y espacio de paz por excelencia.
En Colombia el analfabetismo aún ocupa tres millones de personas (7% de la población), el 20% de los habitantes no asiste a ninguna institución educativa, el 17% no tiene acceso a la educación, y el 72% de los escolarizados no termina la primaria; en cuanto al campesinado, el 83% no tiene escuela a la que acudir, y de los que disponen de ella, sólo el 20% llega a la secundaria (Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE)
Con este panorama, de nuevo la biblioteca está obligada a aprovechar esta oportunidad para extender la formación no reglada que suponen sus recursos y servicios mientras llega la educación formal, y a colaborar con ella cuando esto se produzca.
Por méritos propios, es sobradamente conocido el caso de Medellín y sus bibliotecas transformadoras e integradoras sociales, sin embargo, ahora es preciso poner el acento con más énfasis, si cabe, en el campo y sus habitantes.
En esta dirección, bajo el lema “Las Bibliotecas y su compromiso con el Sector Rural”, entre el 7 y el 9 de septiembre se ha celebrado en la ciudad de Montería el XXVI Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar, 235 bibliotecas públicas extendidas por todo el país, que llevan treinta años en red, y que ya vienen apuntando algunos de sus servicios hacia la ruralidad y la descentralización, como las Bibliotecas con Ruedas de Colsubsidio en la periferia de Bogotá, el Bibliobús de Huila de Comfamiliar, o las “Letras itinerantes” en el Valle del Cauca de Comfacauca, por poner unos ejemplos.
Así mismo, el V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, que tendrá lugar del 3 al 6 de octubre próximo, también incide en esta dirección bajo el subtítulo “Bibliotecas públicas como escenarios de paz”.
El propio Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, tuvo una de sus motivaciones en el deseo de terminar con la carencia de cualquier tipo de servicios bibliotecarios constatada en unos trecientos municipios colombianos.
Después de la firma de los Acuerdos de Paz, toda Colombia está pendiente del plebiscito del 2 de octubre para refrendarlos o no, consciente de la gran oportunidad para crecer por fin como país que la paz supone. La apuesta es tan fuerte que las bibliotecas no sólo no pueden desentenderse de ella, sino que han de trabajar por convertirse en uno de los pilares de las políticas de reconstrucción, para que todos los colombianos puedan despegar hacia las cotas de desarrollo y justicia social que por derecho les corresponden.