A lo largo de la pasada semana, las bibliotecas españolas hasta ahora beneficiarias del sistema de subvenciones ministeriales para la edición de revistas culturales han recibido una amable misiva de la Subdirectora General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas en la que se anticipan “los cambios que [se] producirán en la configuración de las ayudas a revistas culturales en 2012”. Con esta entradilla, y dados los tiempos que corren, era de prever que las noticias que con tanta urgencia quiere difundir el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no podían ser buenas.
En primer lugar, y posiblemente con la intención de dejar abiertas todas las posibilidades a los recortes presupuestarios que deberá afrontar la Administración con los futuros y próximos Presupuestos Generales del Estado, se advierte:
A fecha actual esta Subdirección General todavía no conoce el importe que, en caso de que la ayuda continúe el año que viene, figurará definitivamente en la convocatoria. Ahora bien, sí es seguro que, de continuar, las ayudas experimentarán un cambio sustancial en su planteamiento debido a los controles efectuados por los órganos de fiscalización de la administración.
La primera en la frente: existe la posibilidad (y al parecer nada remota, puesto que en un mismo breve párrafo se apunta de forma reiterada: “[…] en caso de que la ayuda continúe el año que viene […] de continuar […]”) de que para el ejercicio 2012 no se presupuesten subvenciones ministeriales para la edición de revistas culturales. Pero, con ser esto grave, no es éste el aspecto de la mencionada comunicación sobre el que pretendo llamar la atención del lector, sino otro desde mi punto de vista bastante más grave. Continúa la carta: “Como bien sabe, hasta ahora, la concesión de una subvención llevaba aparejada la entrega de suscripciones por un importe equivalente.” Efectivamente, el sistema arbitrado por la Administración contemplaba dos tipos de beneficiarios para estas subvenciones: de una parte, las editoriales o entidades editoras que resultaban agraciadas con un montante económico, variable según la calificación obtenida; de otra parte, las bibliotecas españolas que recibían de los editores, en concepto de contraprestación, los números publicados durante el periodo correspondiente. De esta manera, se daba cumplimiento al objeto de esta subvención, que en su convocatoria de 2011 se definía en estos términos:
El objeto de estas subvenciones es el fomento y difusión de las revistas culturales españolas de proyección nacional, mediante la difusión gratuita en las principales bibliotecas, centros culturales y universidades dependientes de la Administración del Estado en sus diferentes niveles, con la doble finalidad de enriquecer el patrimonio cultural hemerográfico de los citados entes y fomentar y favorecer la cohesión y comunicación cultural entre las comunidades autónomas, contribuyendo al mantenimiento de dichas publicaciones.
El caso es que, según se anuncia en la comunicación recibida [lo destacado en negrita, así en el documento],
De 2012 en adelante, la obligatoria adaptación del modelo de ayudas a la Ley llevará a que la subvención se conceda a la edición de la revista sin la contrapartida de suscripciones que tradicionalmente recibían las bibliotecas.
Es decir, que las bibliotecas pierden una importante fuente de ingresos documentales para sus colecciones al dejar de obligarse a las entidades editoras a remitir ejemplares de los números publicados en función del importe subvencionado. Para que el trauma fuese menor, cabría esperar que la justificación de tal medida fuese lo suficientemente clara y concreta como para comprender en toda su dimensión las razones de tamaña tropelía, pero esto es todo cuanto se dice: “[…] es obligatorio dar cumplimiento tanto a la normativa como a las indicaciones de los órganos de fiscalización”. Desde mi indignada ignorancia me pregunto (y supongo que se preguntarán quienes esto lean): ¿qué organismos de fiscalización de la Administración (así, con mayúscula) son los que han propuesto semejante despropósito?, ¿por qué no se mencionan expresamente las disposiciones legales cuya aplicación lo justifican? Este oscurantismo administrativo sólo sirve para alimentar algunas especulaciones que, de no ajustarse a la verdad, en todo caso perjudican muy seriamente la credibilidad del Administrador (lo que, por ende, nos afecta de forma indirecta a los bibliotecarios).
En principio, deberíamos creer que no se trata de un recorte propiamente dicho —los gastos de la suscripción no corrían a cargo del Ministerio—, sino de una triquiñuela legal que convierte una subvención con contraprestación en una subvención a fondo perdido. Visto así, parecería que los grandes beneficiarios serían los editores de las revistas culturales, que de esta manera recibirán el importe subvencionado limpio de polvo y paja al no llevar aparejado ningún coste añadido. Por lo tanto, habrá quien aplauda esta medida por cuanto este mecanismo —en caso de que la subvención subsista, lo que aún esta por ver— trata de mantener a flote la industria de las editoriales culturales en estos momentos de dificultad. Afortunadamente, existen en España algunos editores que comprenden cuál es su papel en esta historia y comienzan a alzar su voz contra esta decisión que, en contra de lo que pudiera parecer, pone en peligro la supervivencia de cabeceras fundamentales para nuestro pulso cultural, como es el caso del editor de la revista de música clásica Ritmo.
Pero es que, además de no quedar suficientemente demostrado que el nuevo sistema sirva para el mantenimiento de las publicaciones afectadas (y por tanto de algunos puestos de trabajo), se ha diseñado a costa de las bibliotecas, unos servicios sumamente necesarios para la sociedad en los momentos de crisis. Si alguien tiene dificultades para llegar a fin de mes, ¿qué mejor para satisfacer sus necesidades de información, formación y entretenimiento que recurrir a servicios como las bibliotecas, que optimizan lo gastado en adquisiciones al permitir el acceso a la colección a múltiples lectores? Quizá alguien piense que ésta es la clave: las revistas enviadas a las bibliotecas son suponen muchos ejemplares que los lectores no comprarán en los quioscos, luego si no enviamos revistas a las bibliotecas… Pero este argumento, claramente mercantilista, no sólo es absurdo —muchos lectores no accederán a las revistas si no es de forma gratuita— sino profundamente injusto en un momento en el que la Administración debería ser más autoexigente en el cumplimiento de sus tareas de redistribución de la riqueza, primando los valores sociales sobre los mercantiles.
Si de ajustarnos a criterios técnicos se trata, la Administración debería ser consciente de que el valor «bibliotecario» de las publicaciones seriadas depende en gran parte de la continuidad de las colecciones; si se interrumpe la recepción de ejemplares, las colecciones ya existentes en las bibliotecas españolas verán perder gran parte de su valor, incluso aunque dentro de un tiempo se reinicie la adquisición. Si de verdad lo que se pretende es aplicar correctamente una Ley —insisto, ¿qué Ley?— que no permite que las editoriales satisfagan una contraprestación al recibir una suscripción, ¿no será más lógico cambiar la ley para que no salgan perjudicadas las bibliotecas, víctimas inocentes de este despropósito? ¿Por qué el Ministerio no sustituye las subvenciones a las revistas por subvenciones a las bibliotecas para la adquisición de revistas? De esta forma, las revistas saldrían beneficiadas por su vía natural de subsistencia (la venta de ejemplares) y las bibliotecas no verían interrumpidas sus colecciones; es más, podría racionalizarse la adquisición de títulos, que hasta ahora resultaba un tanto absurda, con el mantenimiento de reiteradas colecciones de publicaciones periódicas en bibliotecas similares y cercanas, optimizándose aún más los recursos.
Me cuesta mucho creer que medidas como ésta que se ha anunciado en plenas Fiestas Navideñas —la carta circular tiene fecha del pasado día 3 de enero— respondan a un deliberado plan para acabar con las bibliotecas: se merman poco a poco los recursos hasta que la obsolescencia de instalaciones y servicios sea tal que justifique su cierre. Personalmente, no creo en las conspiraciones en estos temas, sino más bien en la aplicación de una mentalidad y sus consecuencias; vamos, que no se trata de un contubernio “judeo-masónico-ultraliberal”, pero sí de la estricta aplicación de la lógica mercantilista de un rampante ultraliberalismo sobre un bien inmaterial, la Cultura. Decisiones como ésta ofrecen la medida de lo que en realidad puede significar la desaparición de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y el reparto de sus competencias entre la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, conoforme el Real Decreto publicado el último día del pasado año.
Es evidente: son malos tiempos para lírica, y no parece casualidad que quien cantara una canción así titulada fuese un grupo llamado Golpes Bajos. Pero el ministro José Ignacio Wert debería ser consciente de que, ahora más que nunca, #lasbibliotecasmolan.
