Lo confieso sobre el canon AEDE: no soy canonista

Antigua caja registradora
CC BY-NC-SA 2.0 by Gildardo vía Flickr

Apenas unas horas después de que se publique este post desaparecerá el servicio Google News España, un elemento substancial de los resultados con los que el buscador en Internet por excelencia satisface las demandas informativas de sus usuarios. Tal decisión responde a la inclusión en el articulado de la nueva redacción de la Ley de la Propiedad Intelectual (art. 32.2) —que entrará en vigor con la llegada del nuevo año— de lo que se ha venido en denominar popularmente tasa Google o canon AEDE, según se pretenda aludir al supuesto principal objetivo o a los pretendidos impulsores de tal medida, por la cual:

  • los agregadores de noticias en Internet estarán obligados a satisfacer a los titulares de los derechos —por lo general, los editores, aunque no exclusivamente— una compensación por la agregación de “fragmentos no significativos de contenidos”, mientras que
  • los titulares de los mencionados derechos no podrán renunciar a la mencionada compensación,
  • cuyo cobro “se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, entidades cuya proverbial opacidad no logra ocultar la clara injusticia con la que se aplican los criterios de abono de dichos derechos entre los beneficarios.

Tan torticera disposición deja claramente a la vista la absolutamente nula independencia del legislador español, que se ha sometido torpemente al dictado de un lobby tan poderoso como necio. Sostengo esta afirmación principalmente sobre dos pilares:

  1. Google News es el servicio más altruista del gigante norteamericano, por cuanto su página de resultados no alberga ni un ápice de publicidad, es decir, que no le genera de forma directa ni el ingreso de un solo céntimo
  2. a cambio de aportar un significativo volumen de tráfico —tanto directo como indirecto— a los medios indizados por este servicio.

La lógica reacción de Google ante semejante disparate ha desatado una fuerte crítica internacional, algo que debería preocupar a los “paladines” de la marca España por cuanto además significa la desaparición de los medios de comunicación españoles de las distintas ediciones de este servicio —unas 70— distribuidas por todo el mundo, lo que se traducirá —entre otras cosas apuntadas por medios críticos— en una importante pérdida de lectores iberoamericanos para algunos de los medios españoles más importantes, amén de una significativa merma en el papel de España en la creación de la opinión mediática internacional.

Se repite así la historia, temerosos como han sido siempre los editores de prensa ante la aparición de nuevos medios. “Avispados” periodistas vieron en 1845 el fin de la prensa en el telégrafo —cuando lo cierto es que se convirtió en su gran aliado durante décadas— y más tarde se atemorizaron con la popularización de la radio:

En contra de lo que pudiera parecer, esta maniobra tan prejudicial —la del legislador, digo— es un golpe más de cuantos las bibliotecas y los bibliotecarios venimos soportando en España de un tiempo a esta parte, si bien en este caso se trata de un disparo por elevación. Después de muchos años de empeños y esfuerzos, el sistema bibliotecario español había conseguido mal que bien sacar la cabeza por encima de la ciénaga, en ocasiones gracias a sus interesados apoyos pero casi siempre a pesar de las dificultades interpuestas por políticos y otros gestores de la cosa pública. La irrupción de la Sociedad de la Información supuso una gran oportunidad para la transformación del modelo de negocio bibliotecario sobre la base de las nuevas tecnologías. Lamentablemente, quienes se empeñan en permanecer inamovibles en sus privilegiadas posiciones, lejos de imitar los —por otra parte tímidos— movimientos de adaptación de las bibliotecas españolas, han optado por el lucro inmediato, introduciendo estorbos en unos mecanismos de difusión de la información y el conocimiento que debidamente lubricados sólo pueden beneficiar al progreso común. Independientemente de la razón que pueda asistir a los titulares de los derechos de propiedad y explotación intelectuales, el legislador español ha ido constriñendo las posibilidades ofertadas por las bibliotecas públicas y universitarias, entregándolas en manos de unos agentes intermediarios de gestión que, a la hora de la verdad, velan antes por sus propios intereses —y aún los particulares de sus directivos— que por los de sus supuestos representados.

Así, se impuso el canon por copia, gravando la reproducción de los contenidos de los fondos bibliográficos de las bibliotecas, aunque el debate se centró principalmente en la reproducción de archivos sonoros y multimedia. Aquella imposición, supuestamente sujeta a unos parámetros fácilmente mensurables —aunque no se tuviese debidamente en cuenta el verdadero valor del ejercicio del derecho a la copia privada— no despertó especial inquietud entre los bibliotecarios, puesto que al fin y al cabo el incremento en el coste de la reproducción pudo repercutirse de manera directa e inmediata en el usuario final incrementado el precio de cada fotocopia (pongamos por caso).

Después llegó el canon por préstamo, que produjo una intensa marea amarilla cuya presión fue menguando tal vez por agotamiento, aunque posiblemente se reactive ante nueva formulación de este canon, aunque ello suponga enfrentarse no sólo a las sociedades gestoras sino incluso a algunos autores renombrados que —tras recibir un suculento premio editorial— se han autoerigido en paladines de los autores menos exitosos, tal vez ignorando (o no, y eso sería más grave) que los centenares de autores cuyas obras no alcanzan la categoría best seller difícilmente llegarán a cobrar un solo euro por este concepto, tal es el modo de actuar de las sociedades de gestión derechos.

En contra de lo que pudiera parecer, el canon AEDE es un golpe más de cuantos las bibliotecas y los bibliotecarios venimos soportando en España de un tiempo a esta parte.

En principio, parece que las bibliotecas quedan al margen del debate sobre el nuevo canon por enlace, aunque esto sólo es cierto en la medida en que las bibliotecas españolas no han sido pródigas en el desarrollo de servicios de información comunitaria a través de Internet. Por una vez, nuestro retraso en el aprovechamiento de determinadas ventajas tecnológicas nos permitirá esquivar el mazazo legal. Pero aquellas pocas bibliotecas que hayan osado elaborar instrumentos informativos para sus ciudadanos mediante la difusión de las noticias publicadas por los medios de comunicación pueden verse envueltas en dificultades. Lo que no dejará de ser un contrasentido e, incluso, un fraude moral cuando uno de los periódicos más beligerantemente defensor del canon AEDE ofrezca en su web unos de los mejores sistemas gratuitos de clasificación y distribución de titulares a través de feeds o fuentes de RSS.

Es verdad que existen —aún— medios para eludir el pago del canon AEDE. La más simple, lógicamente, será no enlazar jamás a medios pertenecientes a esta asociación empresarial. Aunque dada la obligatoriedad del pago no nos eximirá del abono de la mencionada compensación económica incluso enlazando a estos medios, cabe esperar que tanto AEDE como CEDRO centren inicialmente sus esfuerzos recaudatorios hacia sus medios asociados, lo que tal vez proporcione un margen de experiencia lo suficientemente amplio como para que sea vea absolutamente necesaria la urgente reforma de la norma. Por otro lado, la desaparición de Google News España ofrece una oportunidad a servicios similares de otros buscadores como Bing News o Yahoo! Noticias España, al menos mientras no opten por seguir el camino señalado por Google. Una tercera posibilidad será la adopción por parte de los agregadores de una práctica basada en el clickbait, es decir, la distribución de noticias ajenas con titulares y resúmenes propios diferentes del contenido al que enlacen, burlando de esta forma el carácter de “cita” de los enlaces tradicionales. Esto supondrá el abandono de técnicas de curación de contenidos como el extracto o la cita y la adopción de otras como el retitulado o el resumen; y lo que puede ser determinante: que los agregadores terminen intentando cobrar a los medios por esta curación, algo que tampoco beneficiará a los ciudadanos lectores.

Rafael Ibáñez Hernández

Colaborador en BiblogTecarios Bibliotecario en la Biblioteca Municipal. Curioso de las nuevas tecnologías (aunque ya no sean tan nuevas), pero empeñado en mantener los pies sobre el suelo.

4 Comentarios a “Lo confieso sobre el canon AEDE: no soy canonista

  1. La decisión tomada en España con esta nueva ley es lamentable, va a provocar que los medios se tornen invisibles. Yo soy bibliotecológo en Costa Rica y también soy informático y me interesa el tema del Software Libre, por lo que uso una alerta de Google News para recibir de forma automática noticias del tema, el caso es que la mayoría de las noticias vienen de España, pero ahora este país será excluido porque sus medios simplemente no serán visibles. ¿Eso a quien favorece?, de fijo que no al usuario. Espero que se rectifique, porque los cobros sobre la información lo que hace es restringir el acceso a la misma, algo que es contrario a nuestra profesión.

    1. El caso, Rolando, es que el asunto es algo más complejo. En principio, el cierre de Google News España no afecta al buscador Google, de modo que una alerta contra éste no tiene por qué verse afectada por el mencionado cierre. Pero lo realmente grave está en el origen de la norma legal (una actitud de ciega pleitesía por parte del legislador, o de absoluta ignorancia, que no sé qué es peor) y lo absurdo de su planteamiento teórico, de modo que los beneficiados en primera instancia (los medios indizados, a cuyos contenidos Google News proporciona mayor visibilidad y por tanto más visitas) deberán recibir además un beneficio económico disfrazado bajo una pretendida “compensación” (algo totalmente absurdo cuando no hay daño, sino más bien lo contrario).

    2. El caso, Rolando, es que el asunto es algo más complejo. En principio, el cierre de Google News España no afecta al buscador Google, de modo que una alerta contra éste no tiene por qué verse afectada por el mencionado cierre. Pero lo realmente grave está en el origen de la norma legal (una actitud de ciega pleitesía por parte del legislador, o de absoluta ignorancia, que no sé qué es peor) y lo absurdo de su planteamiento teórico, de modo que los beneficiados en primera instancia (los medios indizados, a cuyos contenidos Google News proporciona mayor visibilidad y por tanto más visitas) deberán recibir además un beneficio económico disfrazado bajo una pretendida “compensación” (algo totalmente absurdo cuando no hay daño, sino más bien lo contrario).

      1. Claro que es muy complejo, acá le hemos dado seguimiento no solo a eso, sino también a otras cosas como a la SGAE, el asunto es que en el fondo se pena el compartir, se pena el acceso libre a la información, y eso es algo que limita el acceso a la misma.
        Saludos

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