Desequilibrios en los procesos selectivos para trabajar en bibliotecas públicas

La profesión bibliotecaria —como cualquiera otra— conlleva, claro está, muchos aspectos diferentes, y en este lugar vamos tratando unos y otras de poner el foco en aquellos que más nos interesan, atraen, sorprenden… o preocupan. Tal es el caso de este texto, en el que trato de llamar vuestra atención sobre un pequeño detalle: la disparidad de exigencias a la hora de incorporarse a la Administración Pública, a la que pertenecen no pocas plantillas de personal de nuestras bibliotecas públicas.

Dicen algunas lenguas que la crisis, aquella crisis financiera que quien debía no vio llegar —o no quiso ver venir— en 2008 ha llegado a su fin, aunque lo cierto es que sus devastadoras consecuencias todavía se hacen sentir de múltiples maneras. Sea cierto o no, la verdad es que después de tiempos de sequía comenzamos a encontrar en los boletines oficiales distintas convocatorias para la provisión de plazas en las bibliotecas públicas españolas, que empezaban a semejarse a eriales yermos. Conociendo el ritmo con el que se desarrollan estas cosas, parece que la herida aún tardará mucho en cicatrizar, si es que no vuelve a abrirse en otro embate.

Pero, en todo caso, esta apertura para cubrir puestos de trabajo nos permitirá observar hasta qué punto se han corregido algunos comportamientos supuestamente incorrectos o, por el contrario, la falta de músculo contratante los ha hecho crecer. La curiosidad me ha llevado a realizar una sencilla cata en esa prensa oficial en busca de respuesta. No es, desde luego, una investigación científica, ni lo pretende. Sin embargo, creo que los resultados pueden indicar por dónde andan los tiros.

La muestra es reducida, apenas 10 convocatorias de las publicadas en los dos primeros meses de este año 2020, elegidas de entre aquellas que no limitaban el proceso selectivo a concurso de méritos para ocupar plazas del Grupo C, que en muchos casos ocupan titulados universitarios. Porque la sobrecualificación académica, ya lo sabemos, es endémica en las plantillas de la Administración española.

Las entidades locales convocantes son los Ayuntamientos de Cerdanyola del Vallès,  Sant Climent de Llobregat y Vacarisses  en la provincia de Barcelona, el de Oropesa del Mar en la de Castellón, el de Quart de Poblet  en la de Valencia, el de Villanueva de la Concepción en la de Málaga, el de Usúrbil  en Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Gerona, además del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza y la Diputación Provincial de Burgos. Como puede comprobarse, existe en esta relación cierta disparidad, desde luego no buscada, de administraciones locales y fórmulas de gestión. Si bien la mayoría son convocatorias realizadas por administraciones municipales —solamente una ha sido publicada por una Diputación Provincial—, corresponden a municipios muy diferentes, con apenas 3.000 habitantes el más pequeño y una población de más de 675.000 el mayor. Obviamente, ese parámetro influye en el número de plazas convocadas, que varía de 1 a 25, pero con ciertos matices. Y es que mientras en unos casos solamente se convocan las plazas que se pretenden cubrir, en otros se añade la creación de una bolsa de empleo para cubrir futuras incidencias; pero en cuatro casos la convocatoria se hace exclusivamente para crear esta bolsa.

Otro detalle que me parece significativo es la ubicación geográfica, que viene a reforzar la impresión sobre el interés que tienen las administraciones de determinadas zonas por las bibliotecas públicas: 4 de las convocatorias son para trabajar en Cataluña y 2 en la Comunidad Valenciana; y, en cualquier caso, todas en la mitad Este de nuestra península.

Siguiendo la tradición que se está imponiendo en la Administración española —¿por qué será?—, la práctica totalidad de los procedimientos selectivos (8, en concreto) se realizarán mediante el procedimiento del concurso-oposición, aunque los méritos que se tendrán en consideración y su valoración son muy diferentes, y ese es el primer detalle sobre el que me gustaría llamar vuestra atención, pues afecta a esa supuesta igualdad de oportunidades desde la que se debería partir en estos casos. Claro que tampoco los puntos de llegada son muy parejos, pues mientras 6 de las convocatorias son para cubrir plazas del Subgrupo C1, las 4 restantes son para el Subgrupo C2 y, ciertamente, no estoy muy seguro de que las funciones y tareas correspondientes a esas plazas justifiquen esta diferencia. ¡Ojalá me equivoque! Eso sí, en la mayoría de las convocatorias la denominación de Auxiliar o Técnico Auxiliar está correctamente aplicada —solamente encontramos un C1 denominado simplemente Auxiliar—, aunque en dos casos el Técnico Auxiliar lo será de Archivo y Biblioteca, una categoría que parece condenada a desaparecer ante la progresiva especialización de las tareas correspondientes a estos técnicos.

Lo realmente llamativo, sin embargo, está en la exigencia de conocimientos teóricos para ocupar esas plazas. Ciertamente que en la mayoría de estas oposiciones se contempla un primer ejercicio en el que dichos conocimientos se evaluarán mediante un test —sólo en un caso se plantea el desarrollo por escrito de dos temas de los propuestos—, lo que ya es un hándicap para el opositor, obligado a memorizar gran cantidad de detalles, definiciones y datos que en realidad poco dicen sobre su capacidad para desempeñar el puesto al que aspira. Sin embargo, desde mi humilde opinión, el problema se agrava cuando las administraciones convocantes hacen oídos sordos de lo que dice la norma legislativa en cuanto a los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, esto  es, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. En el artículo 8 del mismo se establece que «si  se  trata  de  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  la  Escala  de  Administración Especial —como es o debería ser el caso de los auxiliares y técnicos auxiliares de biblioteca—,  los  programas  contendrán  cuatro  quintas  partes  de  materias  que  permitan determinar la capacidad profesional de los aspirantes, según la Escala, Subescala o Clase de funcionarios de que se trate, así como la normativa específica relacionada con las funciones a desempeñar», siendo el número mínimo de temas para el ingreso en el Grupo C (actualmente C1) de 40 y de 20 para el Grupo D (C2 en la actualidad). Tales cantidades se traducen en 32 temas específico (sobre biblioteconomía, información, documentación y aspectos locales) para el primer caso y 16 para el segundo, versando los restantes temas sobre diferentes facetas del derecho (constitucional, administrativo, tributario, etc.).

Pues bien: la mitad de las convocatorias se ajustan al número mínimo total de temas exigidos en el mencionado Real Decreto, aunque con algunos matices, pues en dos de estos casos se ha primado el peso de los conocimientos generales de derecho en detrimento de los específicos para el desempeño de las funciones a desempeñar. Dos de las convocatorias analizadas contemplan 10 temas más de los mínimos establecidos, una para cada Subgrupo, lo que supone que la carga de estudio para esos aspirantes al Subgrupo C2 es proporcionalmente mayor. Pero lo que más me ha escandalizado —aunque no sé si he dado con el término exacto— ha sido encontrar tres convocatorias con una exigencia claramente inferior a la legalmente marcada para ocupar plazas del Subgrupo C1, con apenas 23 temas la que más contempla, además de una descompensación claramente manifiesta: mientras en una solamente se recogen 12 temas —9 específicos frente a 3 generales— en lugar de los 40 que deberían aparecer, en otra sólo son 15 —todos ellos específicos— y en la mencionada en primer lugar únicamente aparecen 2 temas centrados en cuestiones jurídico-administrativas.

¿Tienen verdadera justificación estas disparidades tan exageradas en la exigencia de diferentes convocatorias, algunas manifiestamente al margen de lo dispuesto en la normativa legal? ¿Hasta qué punto afecta esto al reconocimiento del personal de las bibliotecas públicas —o es reflejo del mismo, que es otra posibilidad— y a la calidad de los servicios ofrecidos? En cualquier caso, ¿es justo? Ya sé que se puede argumentar que esto ocurre en el conjunto de la Administración Local, cualquiera que sea la Escala. Pero, claro está, a mí me preocupa primero lo que tengo más cerca. ¿Hasta qué punto hacen o pueden hacer nuestras asociaciones y colegios profesionales para denunciar esta situación?