Los bibliotecarios solemos hablar en estos últimos tiempos de dificultades, de carencias y atropellos a nuestra profesión. No es un consuelo mirar hacia afuera y comprobar que en todos los ámbitos estamos más o menos igual, de modo que el refrán al uso, el de «mal de muchos, consuelo de tontos», no quiero aplicarlo. De ninguna manera quiero entrar en la espiral de negatividad y desánimo que me rodea, que nos rodea a todos. Pero hay que ser realistas. La situación no pinta nada bien.
Porque si hay algo que es común a todas las crisis, sea cual sea su naturaleza, es que aunque se lleven por delante muchos beneficios y arrastre muchas personas que se ven abocadas a una pesadilla sin apenas salida, es que suponen un necesario ejercicio de autocrítica. Porque no todo vale en momentos de opulencia y prosperidad. Porque está demostrado que si la riqueza llama a la riqueza también es un reclamo para la especulación feroz que, como siempre, beneficia a unos pocos y perjudica a muchos cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles.
En el caso de las bibliotecas, el tema que hoy quiero tratar, la situación es realmente difícil. A pesar de que haya ciudadanos y compañeros que aún no se han percatado de la gravedad, asistimos a un silencioso y paulatino empeoramiento de los servicios bibliotecarios. Tal vez se podría hablar incluso de incipiente desmantelamiento de todo un sistema bibliotecario. No hablo sólo de bibliotecas públicas, sino de las bibliotecas de cualquier administración. Es cierto que no hay grandes titulares en prensa, ni tampoco manifestaciones multitudinarias. No. Pero eso no significa que nuestras bibliotecas, por las que tanto hemos luchado durante estos últimos veinte años, estén exentas de apoyos reales que son la consecuencia del devastador efecto causado por injusto reparto de los pocos beneficios de una economía que se tambalea.
No quiero caer en la demagogia de exponer una retahíla de lamentos pero sí quiero recalcar que hay serios problemas que nos afectan: el deterioro de las condiciones laborales de los bibliotecarios profesionales; la reducción y en muchos casos la total ausencia de inversiones económicas para renovación y enriquecimiento de los fondos; la reducción o aniquilación drástica de presupuestos para actividades culturales y formativas programadas y llevadas a cabo en las bibliotecas; el desprecio social hacia la cultura, por considerarse que es más importante mantener otros servicios públicos que también son necesarios para los ciudadanos pero que suponen la pretensión de considerar la cultura como una necesidad social de segundo orden.
Las bibliotecas públicas, sean las Públicas del Estado, las universitarias, las especializadas, las de investigación, las municipales o cualquiera de la tipología establecida al uso, sirven a todos los ciudadanos y además lo hacen de modo gratuito. Pero cuidado, gratuidad no significa que no cueste dinero mantenerlas. Al contrario, hay una inversión media de 30 € anuales por parte de cada ciudadano en el caso de España. Véase el informe sobre Inversiones en bibliotecas en España Como todos los servicios públicos, levantar el cierre cada mañana supone invertir: en personal, en instalaciones, en mantenimiento, en material, en programas de gestión automatizada, en actividades de todo tipo, etc. Aunque no estén presupuestados aumentos en esta partida, hay que mantener el servicio. Y eso es lo que las bibliotecas públicas hacen cada día, y además con dos características que no solemos considerar muy a menudo: la calidad y la excelencia. Sí, a pesar de los tiempos que corren, desde las bibliotecas se está haciendo un magnífico trabajo por parte de los profesionales. Porque estos son conscientes de la importancia de su trabajo, independientemente de su falta de medios y de reconocimiento social. Calidad, según define el diccionario de la RAE, es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Aplicado a las bibliotecas, supone ofrecer un servicio en condiciones óptimas, que añaden valor a las actividades diarias de los ciudadanos. Y esto es lo que se sigue haciendo en las bibliotecas, sorteando con mucha imaginación y profesionalidad las carencias de las que hablaba al inicio. Porque consideramos que las bibliotecas son un servicio público básico, necesario, para curar muchos males: la ignorancia, la falta de creatividad, la falta de información, la ausencia de libertad. ¿Acaso no necesitamos todos estos «alimentos» para hacer crecer nuestra naturaleza humana? Quiero pensar que en esta sociedad que podemos considerar libre y democrática, todos estamos de acuerdo en que son derechos necesarios.
Y la otra característica de las bibliotecas es la excelencia. Seguro que en estos momentos alguno tendrá en su recuerdo alguna biblioteca que carecía de fondos o instalaciones adecuadas, que apenas servía a las necesidades de los usuarios. De todo ha de haber, sin duda. Pero eso ya no es la generalidad. Excelencia, de nuevo consultando el diccionario de la RAE, significa superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo. Excelencia bibliotecaria: todo aquello que los usuarios de las bibliotecas perciben como valioso para su vida, sea para alimentar su imaginación, para completar su formación, para apaciguar su ánimo o para compartir con sus semejantes la riqueza de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones.
¿Es menos necesario para la sociedad educar a los niños y jóvenes, mejorar la salud y procurar la protección que ayudarles a formarles como seres humanos en toda su dimensión: creativa, formativa, lúdica? Creo que estaremos de acuerdo en considerar que es tan importante cuidar del cuerpo como del espíritu, recuperar la salud tanto como hacer que el cerebro funcione a pleno rendimiento. Todos los servicios públicos son necesarios. Todas las mejoras sociales conseguidas tras siglos de luchas son necesarias para conseguir un estado de bienestar social. Pero no podemos ahora caer de nuevo en el desequilibrio injusto y no repartir equitativamente. Porque las bibliotecas públicas no son un servicio social de segundo orden. Las bibliotecas públicas no son un gasto, son una inversión, es el eslogan que se ha repetido desde hace unos años hasta hoy. Son absolutamente necesarias. Y además, no requieren grandes inversiones como ocurre con otros servicios. Está demostrado que con pocos medios somos capaces de llegar muy lejos y de conseguir mantener un servicio con calidad y excelencia. Porque además si consideramos que no necesitamos la cultura en libertad, que es en definitiva lo que se ofrece desde las bibliotecas, corremos el riesgo de iniciar un período de ignorancia y desprecio hacia la cultura que propiciaría una sociedad deshumanizada, oprimida y manipulable.
Y si la falta de inversiones no supusiese un serio obstáculo para el buen desarrollo de las bibliotecas, la reciente aprobación del http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8275.pdf , Real Decreto por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras, supone además un serio contratiempo para las mismas. Estamos de acuerdo en que los autores deben recibir una compensación económica por su trabajo, lo que ya hacen al cobrar por sus derechos de autor cada vez que se adquiere una de sus obras, pero la obligatoriedad de cobrar, además, por cada préstamo que se haga de dichas obras, supondrá un gravamen añadido para las administraciones encargadas de mantener las bibliotecas que ya de pos sí están bastante afectadas por la situación económica y social que sufrimos. Los ciudadanos, en vez de poder disfrutar de la cultura sin sobrecargo, con libertad, como establece el artículo 44 de nuestra Constitución, a la que todos tenemos derecho, debemos asistir a una comercialización de la misma. Aunque no supondrá de momento un pago directo por parte de los usuarios de nuestras bibliotecas, sí tendrán que hacerse cargo del canon por préstamo las administraciones correspondientes (ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios). Y si se convierte en un derecho por el que tenemos que pagar, no estamos seguros de que el reparto de beneficios a los autores que corresponda sea equitativo. Este Real Decreto, que ya ha suscitado protestas por parte de diversos colectivos ciudadanos que defienden y representan a las bibliotecas, podría significar un factor negativo más en la crítica situación de nuestras bibliotecas. Algunas muestras de ello son los siguientes comentarios de profesionales competentes: Reclamación derechos de autor (Julián Marquina), La sinrazón del canon por préstamo bibliotecario (José Antonio Merlo Vega), ANABAD rechaza el nuevo canon siguiendo con el cuestionamiento razonado en Antinomiaslibro: Cui prodest: contra el préstamo de pago en bibliotecas . Y es seguro que seguirán innumerables manifestaciones sobre el particular. El debate no ha hecho más que empezar. A estas protestas se suman escritores como Manuel Rivas, recientemente galardonado con el premio de poesía Celanova casa dos poetas como se puede leer en el artículo siguiente Manuel Rivas, contra el canon de préstamo en bibliotecas . También numerosas asociaciones se han venido manifestando sobre el despropósito de eliminar los apoyos por parte de las administraciones que las sostienen, en concreto las que trabajan en Castilla-La Mancha, tal y como se puede leer en el blog Biblioresistencia CLM . Prueba de ello es la «marea amarilla» de la que se habló en diferentes foros: Desde las bibliotecas de Cuenca, con dolor (Plataforma para la creación del COBDM), Marea amarilla (Asociación de Bibliotecarios de Toledo), por poner algunos ejemplos. Finalmente es de justicia mencionar la Plataforma contra el préstamo de pago que desde hace años viene denunciando esta injusta medida que condiciona gravemente la esencia de las bibliotecas: acceso a la cultura en libertad de modo gratuito y sin límites.
Disponer de pocos recursos no debería suponer quitar a unos para dar a otros. Si hay poco, debemos hacer que el reparto sea justo, que a pesar de las dificultades se apoyen todos los servicios que hacen que la sociedad avance, genere riqueza en todos sus ámbitos y sea libre. Y ahora tenemos que luchar para que no suponga una carga económica extra para los ciudadanos que quieren disfrutar de esta cultura. No se trata de utopía, se trata de sentido común, de verdadera igualdad y de justicia. Si para conseguirlo necesitamos eliminar algunas partidas del presupuesto que sólo sirven para favorecer a unos pocos, pues habrá que hacerlo. Y si hemos de cuestionar algunas normativas legales que comercializan el préstamo de obras en las bibliotecas, pues tendremos que hacerlo también. Debemos dejar a un lado los lamentos para cambiar el discurso y exigir a quien corresponda que cambien las prioridades. Porque si no lo hacemos, nuestro silencio será tan culpable y cómplice como la impunidad de los que tienen el poder y no lo ejercen para beneficio de la sociedad.
