Hoy uno siente la obligación de escribir cómo, una vez más, nuestro sector profesional, si no está envuelto por malas noticias (cierre de bibliotecas públicas, el pago de las bibliotecas por préstamo, copago bibliotecario, etc.), queda envuelto en graves polémicas como, por ejemplo, las presuntas irregularidades en el concurso de oposición a auxiliar de bibliotecario que tuvo lugar el pasado 21 de julio en Murcia. Concurso – oposición al que se presentaron 2.992 aspirantes para poder conseguir una plaza de las 19 que solamente se ofertaron.
La realidad, una vez más, asola el panorama profesional bibliotecario. El empleo público, tan necesario y esperado en la Región de Murcia desde años ha, queda desacreditado por la sospecha de amaño. La esperanza que se dio tras el anuncio de la convocatoria del concurso público a los miles de murcianos, y no murcianos, -pues llegaron a presentarse ciudadanos de toda España-, se ha visto frustrada tras las continuas quejas manifestadas por los aspirantes. Muchos se muestran críticos ante las presuntas irregularidades que, presuntamente, se cometieron como, por ejemplo, los diferentes criterios a la hora de realizar los ejercicios del examen, o que los dos hijos del jefe de la Red de Bibliotecas de la Región de Murcia, Pedro Antonio Jímenez, estén en las primeras listas de aprobados de los exámenes, sacando 9,5 y 10, respectivamente.
O incluso que la mayoría de los 50 aprobados estén trabajando en la Red de bibliotecas del municipio, tal y como según afirma el diario La Opinión.
Desde la Asociación de Profesionales de la Información y Documentación de Murcia (Index), ya se han movilizado y han creado una petición popular, a través de la plataforma Change.org en la cual piden que se anule la prueba y que se repitan los exámenes. Por otro lado, se ha creado una comisión de investigación donde todas las fuerzas políticas municipales, sindicatos (Junta personal), y la Plataforma de afectados estudiarán todas las reclamaciones y quejas relacionadas con el concurso público con el fin de dilucir si se ha cometido alguna ilegalidad en el proceso selectivo.
Qué duda cabe que vienen tiempos de lucha y de mucha burrocracia y, posiblemente también, de olvido administrativo ( pues el plazo de entrega de reclamaciones finaliza el próximo 13 de agosto) para esclarecer la verdad ante este, repito, presunto amaño de oposición pública que, recordemos una vez más, ha dejado trastocados a miles de personas de toda la Región y de toda España para acceder a una mísera bolsa de empleo y permanecer en lista de espera no sabemos cuánto tiempo.
Vienen pues tiempos duros para defender algo tan justo y obvio como es la transparencia y la decencia en la función pública, algo poco habitual, como todos sabemos, en los tiempos que corren…
