Las bibliotecas públicas, según marcan las leyes, directrices y normativas, deberían estar exentas de barreras arquitectónicas. Unas barreras que persisten en nuestros equipamientos y que impiden que colectivos de personas con discapacidad utilicen sus servicios y fondos bibliográficos con normalidad, y en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Según datos estadísticos extraídos del