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Gasto, gestos y gestión

Escribo cuando apenas comienzan a apagarse los ecos de la 5ª edición del Día de la #Biblioteca en Twitter con la satisfacción de que, entre todos, hemos logrado posicionar el hashtag #biblioteca entre las tendencias mundiales de la red de microblogging, siquiera de forma efímera. Está bien, teniendo en cuenta que hemos tenido que combatir con la inefable Lady Gaga, la cíclica crisis de Gibraltar y otros temas no por chuscos y sorprendentes menos atractivos.

Sin embargo, esta matizada alegría no ha logrado liberarme del amargo sabor de boca que hace unos días me produjeron las declaraciones de la regidora de Telde, a las que ya se ha referido en este mismo lugar mi compañero Cristian Serrano (dada la situación procesal de la susodicha alcaldesa, también me ha parecido muy oportuno el post de Beatriz Ovejero sobre bibliotecas penitenciarias). Como es público, este personaje se despachó en unas declaraciones a Radio Faycán: “Las bibliotecas no dan nada de dinero, y hay 14 personas trabajando en ellas”. Rápidamente tal afirmación saltó al resto de medios locales y de allí (cual incendio estival) se propagó a través de las redes sociales, extendiéndose la indignación  hasta el punto de llegarse a calificar tal expresión de rebuzno .

No seré yo quien salga en defensa de una persona como María del Carmen Castellanos, capaz de soltar tal exabrupto sin medir sus consecuencias. Pero, con el propósito de ser justo, creo que es necesario tener presentes las circunstancias que rodean este bullicio. Y para ello, lo primero es escuchar la intervención radiofónica de Castellanos, lo que es posible gracias a la emisora de radio en línea TeldeActualidad.com . Ciertamente, de sus palabras no se deduce inicialmente un propósito de cierre de los servicios bibliotecarios, pero sí resulta evidente su intención de que el personal trate de buscar otras fuentes de financiación. ¿Debe el personal que presta servicio en los cuatro centros de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Telde dedicar parte de su tiempo a la búsqueda de recursos económicos? La respuesta, en realidad, no es más que un debate recurrente. Ya hace algún tiempo se publicó en España el trabajo de Madeleine Aalto y Trevor Knight Alternativas de financiación de las bibliotecas públicas que, sin embargo, a juzgar por lo que podemos ver, no causó excesivo impacto real. Una década más tarde, nuestro buen amigo Javier Leyva planteó “una hipotética biblioteca que pudiera funcionar bajo la forma jurídica y las reglas de una empresa privada, sin por ello perder de vista lo que es y debe ser una biblioteca pública” mediante la alianza entre la biblioteca y la empresa privada, a la que también ha aludido el fundador de esta bitácora colaborativa. Pero el caso es que el maridaje público-privado en la gestión de las bibliotecas públicas sigue otros derroteros bien distintos. Lo más común en los últimos tiempos es la externalización de estos servicios, es decir, su tratamiento como negocio a beneficio de terceros, que —creo no exagerar en absoluto— encuentran su rentabilidad en la explotación de su personal mediante la precariedad, la amenaza y la triquiñuela. Casos existen de empresas que, además de no reconocer debidamente la categoría de sus profesionales (a quienes ofrecen salarios inferiores a los abonados por la Administración a sus empleados), se fragmentan en tantas razones sociales como puntos de servicio bibliotecario atiendan, de manera que reducen al absurdo los derechos sindicales de sus trabajadores, valiéndose de triquiñuelas legales para mantenerlos siempre ligados mediante contratos temporales.

By Dani Martin vía Flickr CC-BY-NC 2.0Lo de Telde, sin embargo, es aún peor. La mencionada Red de Bibliotecas es gestionada por la Empresa de Gestión Municipal de Telde S.L. (Gestel), cuya titularidad es 100% municipal y cuyo Consejo preside María del Carmen Castellano Rodríguez, alcaldesa de la localidad (Boletín Oficial del Registro Mercantil 219 (18 de noviembre de 2011), p. 65238, acto 458512). Esto significa, entre otras cosas, que la responsabilidad última de la viabilidad de Gestel corresponde a la misma persona que dice que son los trabajadores quienes deben buscar vías alternativas de financiación, lo que cuando menos supone un ejercicio de dejación en sus funciones como directiva de la misma empresa que en el orden de prelación de pagos del Ayuntamiento que rige se encuentra incluso por detrás de los proveedores, lo que se ha traducido en un reiterado y prolongado retraso en el abono de nóminas.

Al parecer, Gestel lleva a cabo toda gestión relacionada con el ámbito que corresponde a la Concejalía de Cultura y Ocio del Ayuntamiento de la segunda ciudad de la isla de Gran Canaria —más de cien mil habitantes—, tanto programación como difusión (aunque en este último papel deja bastante que desear, por cuanto mantiene más o menos actualizada la web , donde existe un enlace a la página no disponible en Facebook Telde Cultura, mientras que la de las bibliotecas no se actualiza desde diciembre de 2011. ¿Qué sentido tiene que una Administración Pública cree su propia empresa pública para desarrollar sus competencias? La única explicación plausible es que las relaciones mercantiles son de esta manera tal vez más ágiles, pero a cambio de determinadas disfunciones absurdas que terminan por encarecer excesivamente la gestión: la duplicidad de determinados puestos, la multiplicación de las dietas, la transferencia de fondos para el abono de alquiler (más tasas e impuestos) por el uso de instalaciones propias  o la facilidad que supone para su empleo como moneda de cambio o instrumento de tensión en las relaciones entre fuerzas políticas.

Es verdad que, a la vista del escándalo surgido, la alcaldesa de Telde tuvo que puntualizar sus palabras, negando su intención de cerrar las bibliotecas municipales y manifestando “que su intención es que se busquen opciones para que los otros servicios que gestiona Gestel, como puede ser el Teatro Juan Ramón Jiménez, generen beneficios para la conservación de la empresa”. Obviamente, no podía decir otra cosa, toda vez que el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local  aprobado por el Consejo de Ministros español el pasado 26 de julio mantiene el servicio de biblioteca pública entre los de obligada prestación por los Municipios de más 5.000 habitantes. Pero cuesta mucho creer que sea la programación teatral —una programación de calidad, acorde con las necesidades culturales que debe cubrir una Administración, por supuesto— la que pueda mantener Gestel a flote. Se trata, por lo tanto de un error de principio: las bibliotecas no son una actividad empresarial y, por lo tanto, su gestión no debe estar sometida a criterios mercantiles. Es verdad que las bibliotecas no dan dinero, pero ante la pregunta de si deben darlo la respuesta es evidente: no, como no lo proporcionan las escuelas públicas o los servicios públicos de salud. Cosa bien diferente es que deba racionalizarse la gestión de las bibliotecas públicas, ajustando los gastos a necesidades reales. Pero eso, amigos, me temo que es imposible llevarlo a cabo mediante entidades empresariales, cuyo objetivo natural es la obtención de beneficios económicos.

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Como inmigrante digital, en ocasiones siento cierto vértigo ante las aportaciones de los colegas que se hallan a años luz de mi experiencia (y de otros muchos bibliotecarios) en el ámbito de las nuevas TIC. Creo que será bueno tomar, de vez en cuando, algún respiro y poner los pies en el suelo, proporcionando un toque de la realidad cotidiana de muchos de nosotros a las valiosísimas aportaciones de nuestros inquietos y afortunados compañeros. Será nuestro grano de arena para luchar contra la creciente brecha digital que se está abriendo entre los bibliotecarios.

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