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De rescates y bibliotecas

Bibliotecario con camiseta amarillaDe un tiempo a esta parte, quienes trabajamos en torno al mundo bibliotecario vemos con preocupación la proliferación de noticias sobre la reducción de servicios y aún el cierre de instalaciones so capa de la crisis que nos azota. En algún caso —pienso en las bibliotecas de la Obra Social de Caja Madrid—, una decisión de este tipo se ha podido justificar en virtud del rediseño de servicios sociales para evitar su duplicidad, y aún se proponían paliar los posibles efectos negativos mediante su cesión a alguna Administración; empero, la realidad es tozuda y finalmente la verdad ha salido a la luz: para algunos es mejor recortar en servicios sociales antes que en millonarias indemnizaciones a esos directivos incapaces de solventar el tremendo déficit de la entidad titular. En otros casos el cierre de una biblioteca pública se ha intentado solapar con la apertura de otro equipamiento en un lugar más remoto, arrancando las raíces que vinculan el servicio bibliotecario a los vecinos y su espacio de socialización, lo que ha provocado su airada protesta ante lo que algunos no han dudado calificar con gran dureza como “terrorismo cultural”.

La ausencia de liquidez en las administraciones ha llevado a tomar drásticas decisiones, como la supresión de los programas de adquisiciones, desideratas, suscripciones y actividades culturales, u obligando a los usuarios a emplear sus teléfonos móviles para iluminar sus lecturas. El mapa de los recortes bibliotecarios está cada vez más poblado de incidencias, lo que lejos de ser un consuelo no hace sino acrecentar la alarma, máxime cuando estas prácticas son también tónica común en otros lugares supuestamente menos afectados por las dificultades económicas, como es el caso de las neoyorquinas bibliotecas de Queens. Afortunadamente, en algunos lugares la reducción presupuestaria no ha afectado a los esfuerzos de los profesionales por llevar los servicios bibliotecarios a quienes más los necesiten.

Pero la verdad es que, al margen de cómo discurra la capacidad económica, parece que por lo general lo peor está aún por llegar, puesto que a las dificultades económicas se suma la escasa habilidad de los gestores políticos a la hora de afrontar una situación que obliga a aquilatar gastos e inversiones, ruina y provisión. Y es que la contención del gasto pasa no sólo por la drástica reducción de los importes, sino por la más complicada adecuación de las partidas a las necesidades reales. Apoyándose en este discurso, algunas administraciones han optado por reducir los horarios de atención al público, como si esta medida fuera la panacea frente a los males que nos atenazan. Siguiendo la estela de otros municipios , así parece ser que ocurrirá en Burgos, ciudad que en breve albergará el VI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Después de muchos meses de silencios, rumores y desmentidos, cálculos y comentarios, hace algunas semanas el personal que atiende los servicios bibliotecarios municipales en Burgos nos desayunamos un domingo con la noticia de que las bibliotecas “cerrarán a mediodía todo el año para ahorrar”, propuesta a todas luces errónea cuando no engañosa, toda vez que se pretende simultanear con el incremento de la jornada laboral hasta las 37’5 horas semanales. Ambas medidas suman una contradicción incomprensible, puesto que —aunque ajustada— la plantilla de las bibliotecas atendidas por personal municipal está en su totalidad cubierta por funcionarios con la plaza en propiedad y laborales con contrato indefinido —logrado mediante oposición, lo que no es un matiz baladí—, de manera que la reducción del horario de atención al público no podrá suponer ahorro alguno en el Capítulo 1 (Gastos de Personal) de los presupuestos municipales, aunque tal vez sí en aquellas otras sucursales atendidas por personal contratado por empresas de servicios en virtud de una mal entendida externalización, lo que conllevará una mayor precarización de las condiciones laborales de estos trabajadores.

Dejando a un lado otras cuestiones relativas a modificaciones estructurales de las condiciones de trabajo —conversión de la jornada continua en partida, pongo por caso— que exigirán la correspondiente negociación con los representantes sindicales, cuesta trabajo encontrar alguna rentabilidad económica significativa al cierre de las bibliotecas durante el mediodía, puesto que la franja horaria señalada es la que menor consumo de energía exige. Por el contrario, eliminar la calefacción durante esas horas obligará a un mayor consumo de combustible para caldear las instalaciones durante el horario vespertino, salvo que se pretenda que trabajadores y usuarios soporten las gélidas temperaturas invernales burgalesas embutidos en lana y pieles (justo lo contrario podríamos decir para otras bibliotecas ubicadas en el Sur peninsular respecto de la refrigeración, claro está).

Pese a estas justificadas reticencias, quizá haya quien sea capaz de encontrar un mínimo grado de beneficio económico en esta restricción de los servicios. Pero desde luego será evidente que la rentabilidad de los recursos bibliotecarios será en cualquier caso mucho menor; es decir: el montante final podrá ser más reducido, pero también será menor la rentabilidad de los recursos y equipamientos empleados, lo que se traduce pues en un despilfarro.

A estas razones que apoyan mi disconformidad con las pretendidas medidas “de ahorro” [sic] se añaden otras que como bibliotecario no puedo desdeñar. Junto al evidente deterioro del servicio que conllevarán estos cierres se encuentra la privación de acceso a los servicios bibliotecarios a aquellas personas que por razones diversas sólo pueden acercarse a la biblioteca fuera de los horarios comerciales. A cambio de su fortuna laboral, no podrán llevarse prestados libros u otros materiales comprados con el dinero de todos (también el suyo). Y todo porque se ha decidido no aplicar el sentido común a las sin duda necesarias medidas de restricción del gasto. Si de verdad es preciso cerrar al público las instalaciones algunas horas más al día (algo a mi entender poco rentable), hágase en los extremos de la franja horaria, opción que resultará menos perjudicial para el conjunto de los ciudadanos.

Pero es que aún hay más. En momentos de crisis económica como la que padecemos, existen conceptos en los que no resulta moralmente lícito reducir el gasto. Antes al contrario, la justicia exige que determinados servicios sociales vean incrementadas sus partidas para beneficio de los integrantes más débiles de la comunidad. Si una familia tiene dificultades para cubrir sus necesidades más elementales —alimento, techo…—, ¿podrán sus miembros permitirse el gasto de un periódico, una revista o un libro? Para cubrir esa necesidad han de estar dispuestas las bibliotecas públicas. Si con el fin de salir de la crisis es necesario crear las condiciones —económicas, políticas, sociales y humanas— necesarias para invertir la situación, será preciso facilitar la promoción y la formación, y también para cubrir esa necesidad han de estar dispuestas las bibliotecas públicas, prestas al rescate. Si además se pretende que el personal de las bibliotecas permanezca aún más horas en su puesto de trabajo —como si de sus tareas se derivase una producción al modo de una cadena de montaje—, ¿qué sentido tiene anunciar estas medidas de lock-out?, ¿acaso insistir en la torticera intención de responsabilizar a los empleados públicos de la actual situación económica a modo de chivo expiatorio, mientras que los gestores políticos se empeñan en administrar a su modo una crisis cuya responsabilidad no les es ajena?

Por razones fáciles de comprender, he escrito este post basándome en una situación y circunstancias que me resultan cercanas. Pero seguro que tú, paciente lector que has llegado hasta aquí, podrás aportar otras experiencias, quizá más afortunadas (optimista que es uno). ¿Quieres compartirlas con todos nosotros?

Coda

Pocos días después de publicarse la noticia que ha provocado estas reflexiones, el mismo medio recogió una declaración del alcalde de Burgos: “En todo caso, nos lo planteamos como inversión, no como gasto”. ¿Entraba en razón el equipo de gobierno de la ciudad y se sumaba a la campaña en defensa de las bibliotecas públicas? Cuando me percaté de que la frase, tan cercana para los defensores de la biblioteca pública, se refería sin embargo a otro tipo de gasto se me heló la sonrisa.

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Como inmigrante digital, en ocasiones siento cierto vértigo ante las aportaciones de los colegas que se hallan a años luz de mi experiencia (y de otros muchos bibliotecarios) en el ámbito de las nuevas TIC. Creo que será bueno tomar, de vez en cuando, algún respiro y poner los pies en el suelo, proporcionando un toque de la realidad cotidiana de muchos de nosotros a las valiosísimas aportaciones de nuestros inquietos y afortunados compañeros. Será nuestro grano de arena para luchar contra la creciente brecha digital que se está abriendo entre los bibliotecarios.

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