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Bibliotecas públicas: ¿servicios gratuitos?

Reconozco que el tema que voy a tratar en esta ocasión es sumamente delicado y polémico, especialmente con la que está cayendo. Pero, quizá por eso mismo, debemos ser lo suficientemente audaces para enfrentarnos a él sin complejos, tratando de obtener una visión de conjunto antes de emitir una opinión. Y es que la gratuidad de los servicios de las bibliotecas públicas corre el riesgo de situarse en el punto de mira de los gestores de la cosa pública.

Extrayendo billetes de una cartera ante una biblioteca públicaAunque no siempre se quiera ver, el punto de partida es más que evidente: un servicio público no tiene por qué ser necesariamente gratuito para el usuario final. Sin entrar en disquisiciones jurídicas, basta con fijarnos en algunos ejemplos para comprenderlo: el de los autobuses urbanos o los taxis es un servicio público prestado por la Administración local de manera directa, indirecta (empresas participadas) o en régimen de concesión por el que los usuarios abonan un precio público o tasa casa vez que lo utilizan. Por otro lado, el concepto de servicio público no tiene por qué vincularse exclusivamente al de Administración pública, sino que un sentido más laxo del concepto permite equipararlo a la satisfacción de una necesidad de interés general aunque sea una entidad privada la que preste el servicio. Esta interpretación permite la regulación de las prestaciones de servicio público mediante el Derecho Privado, lo que no plantea contradicción alguna salvo cuando interviene el ánimo de lucro…Entonces cabe preguntarse: ¿es lo mismo una biblioteca que un taxi?

Las diferencias son evidentes, hasta el punto de que mientras el transporte urbano se considera un servicio público básico —en función del tamaño territorial y el volumen de población—, el bibliotecario es un servicio público esencial ligado —entre otras cosas— al derecho a la educación y el ocio. De ahí que se demande a los poderes públicos y la administración la prestación del servicio de biblioteca pública. Pero esto no es óbice para otras entidades de carácter privado puedan crear y gestionar bibliotecas públicas —lo que en definitiva redunda en beneficio de la población—, que serán consideradas como tales en la medida en que estén “a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción” [Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de las bibliotecas públicas].

Aclarados estos extremos, vayamos al meollo de la cuestión: ¿debe ser gratuita la biblioteca pública? Estoy convencido de que vuestra respuesta será instintivamente afirmativa, pero me vais a permitir que lleve a vuestra consideración un elemento que todos conocemos y, sin embargo, no siempre tenemos en cuenta. El Manifiesto de la UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas dice literalmente: “La biblioteca pública será en principio gratuita”. La clave del debate se centra, entonces, en los factores que justifican el matiz subrayado en la trascripción: “en principio”. ¿Quiere decir que puede haber casos o existir circunstancias en que los usuarios deban efectuar algún tipo de pago por acceder a los servicios de la biblioteca pública?

Hace un par de años fue noticia la intención de un Ayuntamiento de cobrar una cuota anual de 12 € para acceder a los servicios de la nueva biblioteca municipal, tasa impuesta «para eliminar a esa franja de población, muy reducida, que sólo van a la biblioteca para estar calientes en invierno». Afortunadamente para los vecinos de la localidad las autoridades decidieron enseguida dar marcha atrás, de manera que la biblioteca continuó siendo un servicio municipal… ¿gratuito? No, desde luego, puesto que es sufragado —como todas las bibliotecas municipales— con los impuestos de los ciudadanos.

StLB DortmundTeniendo en cuenta que un correcto control del uso de las instalaciones sería suficiente, posiblemente lo más escandaloso de esta noticia fuesen las razones argüidas para implantar la tasa en cuestión y no tanto su importe. O al menos eso es lo que pensarían los habitantes mayores de 21 años de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), que deben abonar 20 € todos los años para acceder a los servicios de sus bibliotecas públicas. Claro está que ese precio no deja de ser rentable si se hace un mínimo uso del servicio de préstamo, puesto que el importe a pagar por un único préstamo es de 6 €. Aunque no todo acaba aquí. Además de la mencionada tasa, en la Stadt- und Landesbibliothek Dortmund es necesario abonar 2 € por el préstamo de una consola de juegos, 1,5 € por un DVD —3 € si es un estuche con más de cinco películas— y 2 € si es libro en cuestión es un bestseller, es decir, un título con elevada demanda. Dado el índice de utilización que tienen estos servicios, no parece que la suya sea precisamente una función disuasoria, aunque no deja de ser sorprendente que el préstamo de algunos materiales no librarios —pero ya plenamente integrados en las colecciones bibliotecarias— esté condicionado a estos pagos, como si mantuviesen el viejo temor a convertir las bibliotecas en videoclubes. También las bibliotecas públicas de la ciudad de Londres tienen sus tasas por préstamo (0,50 £ por cada grabación sonora, 2,75 £ por cada DVD y 1,50 £ por cada vídeo) y no creo que a estas alturas pongamos en duda la cultura bibliotecaria británica. Aunque si preferimos en la tradición norteamericana, es cierto que la San Francisco Public Library o la New York Public Library emiten de forma gratuita su carné con una validez temporal, y tampoco debe abonarse cantidad alguna por el préstamo domiciliario, práctica habitual en las bibliotecas públicas españolas.

En cualquiera de las bibliotecas mencionadas, los retrasos en la devolución están penalizados económicamente —en el caso neoyorquino esta deuda podrá ser reclamada por una agencia de cobros, aunque también ofrecen planes de financiación— y la renovación del carné por deterioro o pérdida está condicionada al abono de una tasa específica. Además, los usuarios deben también pagar por determinados servicios concretos (desde la realización de fotocopias a las búsquedas documentales), aunque las tarifas son muy dispares. Por ejemplo, mientras en Dortmund exigen el pago de 1,50 € por cada documento solicitado en préstamo interbibliotecario, en New York la cantidad mínima asciende a 50 $.

Afortunadamente, hasta ahora en España hemos entendido que el servicio de biblioteca pública implicaba que el usuario no debía abonar importe alguno por la emisión del carné o el préstamo domiciliario de cualquier material —fórmula para garantizar el acceso universal, sin trabas económicas—, mientras que se aceptaba reclamar el pago por las reproducciones, pongo por caso. Menor consenso existe lamentablemente en el préstamo interbibliotecario, pues la mayoría de las bibliotecas públicas lo ofrecen de manera gratuita —como se recomienda en las pautas para el uso compartido de recursos en bibliotecas públicas  difundidas en 2006 por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria—, mientras la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona tiene establecido un precio público de 1,20 € para este servicio, para lo que cuenta con la colaboración de Catalunya Caixa.

El riesgo de que esta situación cambie ha aumentado a medida que la situación económica se ha ido complicando. Algunas entidades privadas que ofrecían servicio de biblioteca pública han comenzado a ejercer su derecho a cerrar sus instalaciones, mientras algunas administraciones locales se están planteando incluso imponer cuotas para participar en las actividades de los clubes de lectura, como se denunció este verano en Iwetel . Pero lo cierto es que debería ser en las épocas de crisis económica cuando se potenciasen los servicios bibliotecarios públicos, no sólo por su evidente función social y educativa —“un recurso fundamental de inclusión y promoción social cuando la crisis económica incrementa el número de personas en paro, precariedad laboral, vulnerabilidad o exclusión social” dice literalmente la Declaración de Murcia sobre la acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempos de crisis—, sino porque es en estos momentos cuando más crece el número de usuarios, como ha puesto de manifiesto José-Antonio Gómez-Hernández.

Las bibliotecas públicas no son un servicio gratuito —como no lo son la enseñanza o la sanidad públicas—, pero eso no significa que se deba trasladar necesariamente al usuario final parte de la carga que supone su gestión y mantenimiento. Habrá, sí, que replantearse el diseño de algunos servicios concretos y apostar por la fórmula mixta de acceso gratuito a los servicios esenciales (referencia, consulta, préstamo…) y el cobro por otros de valor añadido, algo que no es de hoy pero que algunos han reinventado con el nombre de modelo freemium. Para reducir costes deberemos buscar nuevas fórmulas de cooperación, tanto entre bibliotecas mismas como entre éstas y otras entidades de carácter cultural y formativo. Tendremos que echar mano de la imaginación y el esfuerzo. Pero por una vez los españoles no debemos avergonzarnos ante nuestros hermanos europeos.

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Como inmigrante digital, en ocasiones siento cierto vértigo ante las aportaciones de los colegas que se hallan a años luz de mi experiencia (y de otros muchos bibliotecarios) en el ámbito de las nuevas TIC. Creo que será bueno tomar, de vez en cuando, algún respiro y poner los pies en el suelo, proporcionando un toque de la realidad cotidiana de muchos de nosotros a las valiosísimas aportaciones de nuestros inquietos y afortunados compañeros. Será nuestro grano de arena para luchar contra la creciente brecha digital que se está abriendo entre los bibliotecarios.

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